Arequipa enfrenta crisis de seguridad con aumento dramático de extorsiones
Denuncias por extorsión se multiplicaron por ocho en cinco años, mientras que los casos de minería ilegal se incrementaron siete veces.
Imagen: Diario Correo
Lo esencial
- Denuncias por extorsión se multiplicaron 8 veces entre 2020 y 2025
- Minería ilegal aumentó 7 veces en el mismo período
- Crisis afecta principalmente a comerciantes y pequeños empresarios
Arequipa experimenta un deterioro significativo en su situación de seguridad, según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE). Entre 2020 y 2025, la región ha registrado un aumento alarmante en delitos que afectan directamente la economía y la convivencia ciudadana, con cifras que evidencian un crecimiento exponencial en actividades ilícitas.
De acuerdo con el análisis del IPE, las denuncias por extorsión se han multiplicado por ocho durante este período de cinco años, transformándose en uno de los principales problemas de seguridad en la región. Paralelamente, las denuncias relacionadas con minería ilegal se han incrementado siete veces, reflejando la expansión de actividades extractivas informales que generan conflictividad social y ambiental.
Un panorama que requiere intervención urgente
Estos números no solo representan cifras estadísticas, sino que reflejan el impacto directo en la calidad de vida de los arequipeños. El aumento de extorsiones afecta principalmente a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios, quienes se ven obligados a pagar cuotas a grupos delictivos para continuar sus actividades. Esta situación genera un clima de incertidumbre que desalienta la inversión y el emprendimiento legítimo.
La minería ilegal, por su parte, no solo representa un problema de seguridad, sino también ambiental. Esta actividad genera daños en ecosistemas locales, contamina fuentes de agua y crea competencia desleal contra operaciones mineras formales que cumplen con regulaciones y pagos de impuestos.
Ante este panorama, expertos y autoridades locales coinciden en que se requiere un cambio de estrategia en materia de seguridad pública. Las medidas convencionales han demostrado ser insuficientes, lo que ha generado demandas por parte de la ciudadanía y sectores empresariales para implementar políticas más efectivas que incluyan mayor presencia estatal, inteligencia criminal y coordinación entre instituciones.
La situación de Arequipa se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo la delincuencia organizada puede capturar territorios y debilitar las estructuras de seguridad tradicionales. Los próximos meses serán determinantes para evaluar si las nuevas estrategias logran revertir esta tendencia preocupante.
Fuente original: Diario Correo