Destruyen nueve dragas ilegales valoradas en S/ 1,3 millones en Huánuco

Autoridades ambientales y de seguridad desarrollaron un operativo de gran envergadura en la región Huánuco para combatir la minería ilegal, logrando la destrucción de nueve balsas dragas cuyo valor total supera 1,3 millones de soles. La intervención se concentró en los centros poblados de Yanayacu y Nuevo Trujillo, ubicados en el río Pachitea, una de las zonas más afectadas por la extracción clandestina de oro en el país.

La minería ilegal continúa siendo una problemática recurrente en las cuencas fluviales de la Amazonía peruana, causando daños ambientales significativos y contaminación de las aguas con mercurio y cianuro. El río Pachitea, que atraviesa la provincia de Puerto Inca en Huánuco, ha sido identificado como un foco crítico de estas actividades irregulares, donde operan desde hace años equipos de extracción que funcionan sin autorización ni control de las autoridades competentes.

Un operativo coordinado contra la extracción clandestina

El operativo conjunto contó con la participación de diferentes instituciones especializadas en lucha contra la criminalidad ambiental y la minería ilegal. Las autoridades no solo destruyeron las máquinas y equipos incautados, sino que también realizaron trabajos de remediación ambiental en las áreas donde operaban estos equipos para mitigar el daño ocasionado al ecosistema fluvial y las comunidades indígenas dependientes de estos recursos.

Expertos advierten que la destrucción de equipo es solo una parte de la solución. La minería ilegal en Huánuco genera miles de millones en ganancias anuales para redes criminales organizadas, lo que motiva a los operadores a reinvertir en nuevos equipos apenas los anteriores son decomisados. Además, la falta de oportunidades económicas legales en estas zonas rurales remotas perpetúa el ciclo de la actividad ilegal.

Organizaciones ambientales celebraron la intervención como un paso necesario en la protección de la Amazonía peruana, aunque advierten que se requieren estrategias integrales que incluyan presencia estatal permanente, generación de empleo alternativo y mayor financiamiento para los operativos de fiscalización. Las autoridades regionales han comprometido acciones de seguimiento para evitar la reactivación de operaciones ilegales en las mismas zonas.