El desafío de la nueva presidenta: romper el techo de cristal con políticas de cuidado

La llegada de la primera presidenta marca un hito histórico en la región, pero también abre un debate crucial sobre qué políticas públicas deben implementarse para garantizar que este avance institucional se traduzca en transformaciones reales para las mujeres. Según expertos consultados, la agenda presidencial debe enfocarse en tres pilares fundamentales: reconocer la economía del cuidado como política económica de Estado, ampliar significativamente los servicios públicos de cuidado infantil y rediseñar los programas de empleabilidad con un enfoque interseccional de género. Paola Bustamante, directora de Videnza Instituto para La Mirada, subraya que estas medidas no son complementarias, sino urgentes y necesarias para el desarrollo económico y social del país.

Históricamente, América Latina ha enfrentado una brecha de género persistente en el mercado laboral. Aunque en las últimas décadas las mujeres han aumentado su participación en la educación superior —alcanzando en varios países porcentajes superiores al de los hombres— su presencia en puestos directivos y su permanencia en el mercado laboral sigue siendo desigual. El fenómeno conocido como "techo de cristal" describe esta barrera invisible que impide el ascenso de las mujeres, mientras que el "piso pegajoso" refleja cómo muchas permanecen atrapadas en empleos precarios y de baja remuneración, frecuentemente asociados con trabajo de cuidado no remunerado o mal pagado.

La economía del cuidado como motor de desarrollo

La economía del cuidado representa aproximadamente entre el 10% y el 20% del producto interno bruto en países latinoamericanos, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Sin embargo, esta actividad fundamental para la reproducción social y el desarrollo económico ha sido históricamente invisibilizada en las políticas públicas y considerada como responsabilidad privada, principalmente femenina. Bustamante enfatiza que reconocer esta economía como política económica de Estado implicaría no solo valorar monetariamente el trabajo de cuidado, sino también redistribuir responsabilidades entre hombres, mujeres, mercado y Estado. Esto incluiría desde la remuneración justa de trabajadoras domésticas y cuidadoras hasta la implementación de sistemas públicos de cuidado que liberen tiempo y recursos de las mujeres para otras actividades productivas.

Los datos son reveladores: en la región, las mujeres dedican en promedio 3 a 4 horas diarias más a tareas de cuidado que los hombres. Esta carga desproporcionada no solo afecta su bienestar físico y mental, sino que limita significativamente sus oportunidades laborales, educativas y de participación política. Cuando se contabilizan todas las horas de trabajo —remunerado y no remunerado— las mujeres trabajan en promedio entre 2 y 3 horas más diarias que los hombres, perpetuando ciclos de pobreza y desigualdad intergeneracional.

Servicios de cuidado infantil como inversión estratégica

La expansión de servicios públicos de cuidado infantil de calidad emerge como una de las inversiones más rentables que puede hacer un Estado. Estudios económicos demuestran que por cada dólar invertido en educación inicial y cuidado infantil, se generan entre 7 y 10 dólares de retorno económico a través de mayor productividad laboral, menores gastos en salud y reducción de criminalidad. Actualmente, en muchos países latinoamericanos, menos del 30% de niños menores de tres años tienen acceso a servicios formales de cuidado, lo que obliga a muchas madres a elegir entre permanecer fuera del mercado laboral o confiar el cuidado a redes familiares precarias.

La nueva administración presidencial enfrenta la oportunidad de reimaginar los programas de empleabilidad existentes incorporando perspectiva de género desde su diseño. Esto significa reconocer que las mujeres enfrentan barreras específicas en su inserción laboral, que varían según su edad, estado civil, número de hijos, origen étnico y ubicación geográfica. Programas verdaderamente inclusivos deberían incluir subsidios para cuidado infantil durante la capacitación laboral, horarios flexibles que reconozcan múltiples responsabilidades, mentoría específica para acceso a sectores mejor remunerados, y acompañamiento en la negociación salarial y beneficios.

La complejidad de transformar estructuras de género profundamente enraizadas no debe subestimarse, pero la llegada de una primera presidenta abre un horizonte de posibilidades sin precedentes. Si estas políticas se implementan con decisión y recursos suficientes, podrían romper tanto el techo de cristal como el piso pegajoso, transformando no solo la vida de millones de mujeres, sino el modelo económico y social de toda la región hacia uno más equitativo, productivo e inclusivo.