El Supremo cuestiona la regularización de Sánchez por incumplir normas de la UE

La política de regularización de migrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha generado una nueva controversia de alcance europeo. El Tribunal Supremo ha emitido una advertencia contundente señalando que la medida puede entrar en conflicto directo con las leyes de la Unión Europea, especialmente con las normas que rigen el espacio de libre circulación. La sentencia, que ha trascendido en los últimos días, plantea la posibilidad de elevar la legislación española al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre la compatibilidad de esta política con el ordenamiento comunitario.

El origen de esta controversia radica en el enfoque unilateral que España ha adoptado al regularizar a trabajadores migrantes sin coordinación previa con sus socios europeos. Desde 2020, el Ejecutivo español ha impulsado diferentes líneas de regularización destinadas a permitir que miles de personas sin documentación legal puedan acceder al mercado laboral formal y a derechos sociales básicos. Sin embargo, esta estrategia ha chocado con lo establecido en la Directiva de Retorno de la UE, una normativa que establece protocolos comunes para los Estados miembros en materia de migrantes irregulares. La falta de coordinación con Francia, Italia, Alemania y otros países ha agravado las tensiones, dejando a España como un actor solitario en sus decisiones migratorias.

El conflicto con la normativa europea y sus implicaciones

La Directiva de Retorno, adoptada en 2008 y modificada en 2018, establece estándares mínimos para los procedimientos de retorno de nacionales de terceros países que se encuentren irregularmente en territorio de la UE. Según esta normativa, los Estados miembros deben seguir ciertos protocolos antes de regularizar o cambiar el estatus de migrantes, especialmente cuando tales decisiones pueden afectar a otros países. El Supremo ha identificado que la regularización masiva promovida por Sánchez podría interpretarse como una evasión de estos compromisos comunitarios, creando un efecto incentivo que atraería a más migrantes irregulares hacia España sin que exista un marco común europeo que lo ampare.

Los números hablan por sí solos: según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entre 2020 y 2023 se regularizaron aproximadamente 400.000 trabajadores migrantes. Esta cifra representa cerca del 30% del total de migrantes que llegaron a España durante ese período. Mientras tanto, otros países europeos como Alemania o Francia han adoptado políticas más restrictivas de regularización, coordinadas con mecanismos de redistribución migratoria a nivel comunitario. Esta disparidad ha generado tensiones diplomáticas y la percepción de que España está desalineándose de la estrategia común europea en materia migratoria.

Hacia el Tribunal de Justicia: qué podría ocurrir

Si el Supremo finalmente remite el caso al TJUE, como ha sugerido, se abriría un proceso inédito que podría redefinir las políticas migratorias españolas. El tribunal de Luxemburgo tendría que determinar si las regularizaciones unilaterales violan los principios de solidaridad y responsabilidad compartida que sustentan la arquitectura legal de la Unión Europea. Una sentencia condenatoria podría obligar a España a reformular completamente su estrategia de regularización, requiriendo una coordinación previa con Bruselas y una alineación con los estándares europeos.

La perspectiva a largo plazo es compleja. Por un lado, una victoria del Gobierno español en el TJUE sentaría precedente para que otros Estados miembros adopten políticas similares, potencialmente transformando el panorama migratorio europeo. Por otro lado, una derrota implicaría consecuencias financieras y políticas significativas, además de cuestionar la legitimidad de las regularizaciones ya realizadas. Mientras tanto, España continúa siendo uno de los principales destinos migratorios de Europa, con un desafío humanitario que requiere soluciones coordinadas a nivel continental. La próxima movida del Gobierno será crucial para determinar si busca un acuerdo con sus socios europeos o si mantiene su curso unilateral, asumiendo los riesgos legales que esto conlleva.