Justicia anula DNU de Milei sobre facultades migratorias y ciudadanía

La Cámara Nacional Electoral de Argentina anuló este miércoles un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el presidente Javier Milei que otorgaba facultades extraordinarias al Ministerio de Migraciones para conceder la ciudadanía argentina. En su resolución, el tribunal consideró que la medida constituye un "exceso en las atribuciones" del Poder Ejecutivo y vulnera las competencias que la Constitución Nacional asigna específicamente al Congreso. La decisión marca un nuevo freno judicial a la agenda legislativa del mandatario libertario, quien ha impulsado decenas de DNUs desde su asunción en diciembre de 2023.

El decreto anulado, conocido coloquialmente como el "DNU migratorio", había sido dictado como parte de una estrategia más amplia del gobierno para endurecer la política migratoria argentina. Además de las facultades sobre ciudadanía, el texto normativo incluía disposiciones que permitían cobrar aranceles a extranjeros por acceso a servicios de salud y educación, así como limitaciones para la permanencia de ciudadanos extranjeros en territorio nacional. Estas medidas representaban un giro significativo respecto a la tradición argentina de políticas migratorias relativamente abiertas, herencia de los siglos XIX y XX cuando Argentina recibió millones de inmigrantes europeos que contribuyeron decisivamente a su desarrollo económico y cultural.

La sentencia y sus fundamentos legales

Los magistrados de la Cámara Electoral argumentaron que la concesión de ciudadanía es una atribución exclusivamente reservada al Poder Legislativo conforme a los artículos 75 y 76 de la Constitución Nacional. Según la jurisprudencia constitucional vigente, los DNUs solo pueden utilizarse en casos de necesidad y urgencia, pero nunca para ejercer facultades que corresponden a otras ramas del poder. La ciudadanía, al ser un estatus político fundamental que determina derechos y deberes, requiere la sanción de una ley del Congreso, no un decreto presidencial, incluso extraordinario. Este principio ha sido reafirmado por la Corte Suprema en múltiples sentencias desde la década de 1980.

La anulación se produjo después de que diferentes organizaciones de derechos humanos y grupos de abogados presentaran amparos cuestionando la validez constitucional del decreto. La decisión de la Cámara Electoral no fue unánime, pero la mayoría de los magistrados coincidió en que el Ejecutivo había excedido sus facultades. Este fallo se suma a otras anulaciones judiciales de DNUs de Milei relacionados con temas como fondos de universidades nacionales y acceso a medicamentos, evidenciando un patrón de rechazo desde el poder judicial a varios de los decretos presidenciales más controversiales.

Implicaciones políticas y contexto migratorio

La derrota judicial revela las tensiones entre la agenda desreguladora del gobierno y los límites constitucionales que el sistema judicial está dispuesto a respetar. Mientras Milei ha prometido a su base electoral medidas restrictivas contra la inmigración irregular, argumentando que genera presión sobre servicios públicos, la anulación del DNU indica que estas políticas deben tramitarse por la vía legislativa ordinaria. En el Congreso, donde el oficialismo no posee mayoría, la aprobación de leyes migratorias restrictivas presenta mayores dificultades políticas que la emisión de decretos presidenciales.

Argentina, que alberga aproximadamente 2.4 millones de inmigrantes según datos del INDEC, ha experimentado un notable crecimiento migratorio en los últimos años, principalmente desde países vecinos como Bolivia, Paraguay y Venezuela. Los debates sobre el impacto de la inmigración en la economía y servicios públicos se han intensificado en el contexto de la crisis económica que atraviesa el país. Sin embargo, expertos académicos señalan que los inmigrantes también contribuyen significativamente al tejido económico argentino, particularmente en sectores como la construcción, comercio y servicios. La resolución de la Cámara Electoral abre nuevamente el interrogante sobre qué camino seguirá Argentina en materia de política migratoria y quién tendrá la última palabra en esta disputa institucional entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.