La Moncloa intentó colocar a Zapatero en Indra como asesor, pero fue frenado
Los consejeros independientes de la empresa tecnológica bloquearon la operación promovida desde el Gobierno con apoyo de la Sepi.
Imagen: El Mundo ES
Lo esencial
- El Gobierno intentó colocar a Zapatero en Indra como asesor estratégico
- La Sepi apoyó la operación, pero fue bloqueada por consejeros independientes
- La propuesta fue frenada por consideraciones de gobernanza corporativa
El Gobierno intentó incorporar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a la empresa tecnológica Indra en un puesto de asesor estratégico para Iberoamérica. Sin embargo, la iniciativa no prosperó debido a la oposición de los consejeros independientes de la compañía, que frenaron la operación en sus fases iniciales.
Según revelan fuentes cercanas al proceso, la maniobra contaba con el apoyo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), que es accionista de Indra. El entonces presidente del consejo de administración de la empresa, Raúl Murtra, fue quien impulsó la propuesta de incorporar al exjefe del Ejecutivo cuando aún estaba en el cargo. La operación formaba parte de una estrategia más amplia de posicionamiento de Indra en los mercados latinoamericanos.
La resistencia de los órganos de supervisión
Los consejeros independientes de Indra consideraron inadecuada la incorporación de Zapatero bajo estas circunstancias, bloqueando una decisión que habría generado importantes implicaciones de gobernanza corporativa. Esta resistencia refleja la importancia que las grandes empresas cotizadas otorgan a mantener distancia entre las decisiones políticas y los nombramientos empresariales.
El conflicto de intereses percibido en la operación fue determinante para que los consejeros independientes ejercieran su función de supervisión. La propuesta de colocar a un expresidente en una posición estratégica en una empresa con participación estatal levantó banderas rojas respecto a la independencia de criterios en la toma de decisiones corporativas.
Esta situación ilustra las tensiones que pueden surgir entre los gobiernos y los órganos de gobernanza de las grandes empresas españolas con participación accionaria pública, especialmente cuando se pretende utilizar posiciones corporativas como reconocimiento o recolocación de figuras políticas de relevancia.
Fuente original: El Mundo ES