Más de 1.000 policías expulsados en 2025: Crisis profunda en la PNP

La Policía Nacional del Perú (PNP) enfrenta una crisis institucional sin precedentes que se refleja en cifras alarmantes: durante el 2025, más de 1.000 policías han sido expulsados de sus filas por cometer faltas graves, un indicador demoledor del deterioro disciplinario dentro de una institución encargada de resguardar la seguridad ciudadana. Estos despidos masivos ocurren en un contexto donde la desconfianza pública en la corporación ha alcanzado su punto más bajo en años, con apenas un 13,2% de aprobación según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), revelando la profundidad de la brecha entre la población y sus fuerzas de orden.

Los datos preliminares del año indican que los suboficiales de tercera, el rango más bajo dentro de la jerarquía policial, representan más de la mitad de las expulsiones registradas. Este dato resulta particularmente significativo, ya que esta categoría de efectivos constituye la línea frontal de la institución, aquellos que interactúan diariamente con los ciudadanos en patrullajes, intervenciones y operativos de seguridad. La concentración de expulsiones en este nivel sugiere problemas estructurales en la formación inicial, supervisión y cultura institucional que requieren intervención inmediata desde la cúpula de la PNP.

Faltas graves que erosionan la legitimidad institucional

Aunque el comunicado oficial no especifica detalladamente la naturaleza de las faltas consideradas "muy graves", el contexto nacional permite inferir que se trata de infracciones de alto impacto: corrupción, abuso de autoridad, hurtos durante operativos, maltrato a ciudadanos, complicidad con organizaciones criminales, y violación de derechos humanos. Históricamente, la PNP ha documentado casos de policías involucrados en bandas criminales, extorsión, protección de narcotraficantes y ejecuciones extrajudiciales, patrones que reflejan un problema sistémico que trasciende fallos individuales aislados. Las expulsiones de 2025 representan intentos de saneamiento institucional, pero llegan tarde para revertir la percepción negativa consolidada entre la ciudadanía.

Las cifras de expulsión masiva también contrastan con investigaciones periodísticas y de derechos humanos que sugieren que muchas más infracciones graves quedan impunes dentro de la institución. Organizaciones como Amnistía Internacional y reportes de la Defensoría del Pueblo han documentado cómo procedimientos administrativos lentos y opáticos han permitido que policías acusados de crímenes contra los derechos humanos permanezcan en servicio durante años. En este sentido, las 1.000 expulsiones, aunque numerosas, podrían ser solo la punta del iceberg de una problemática institucional mucho más profunda.

La caída histórica de confianza: un síntoma de crisis estructural

El descenso de la confianza en la PNP a 13,2% representa no solo un número estadístico preocupante, sino un reflejo del fracaso institucional acumulado. Para contextualizar: este es el nivel más bajo registrado desde 2019, según el INEI, lo que significa que la institución ha experimentado un deterioro continuo durante al menos seis años. En comparación, otras instituciones públicas y privadas en Perú muestran índices de aprobación que, aunque bajos, superan estos niveles, indicando que la PNP se ha convertido en una de las entidades menos confiables del país. Este colapso de legitimidad tiene implicaciones profundas para la seguridad nacional, pues sin confianza ciudadana, los ciudadanos no denuncian delitos, no cooperan con investigaciones, y las comunidades quedan vulnerables ante la delincuencia.

Autoridades y analistas de seguridad advierten que la crisis de la PNP no es únicamente producto de actos individuales de corrupción, sino de deficiencias estructurales: sistemas de reclutamiento deficientes, capacitación inadecuada, supervisión inefectiva, corrupción en mandos altos que protege a efectivos problemáticos, y salarios bajos que incentivan prácticas ilícitas para complementar ingresos. La expulsión de 1.000 policías, mientras necesaria para la purga institucional, debe acompañarse de reformas integrales que aborden estas raíces profundas. Sin cambios significativos en la estructura, cultura y gestión de la PNP, las expulsiones de 2025 podrían ser un paliativo temporal en una institución con problemas crónicos.

La institucionalidad peruana enfrenta un reto crítico: recuperar la confianza en su policía requiere no solo castigar a los efectivos corruptos, sino demostrar una transformación genuina que resuelva las causas subyacentes de la corrupción y el abuso de autoridad. Las acciones tomadas en 2025 son un paso en la dirección correcta, pero solo el tiempo y resultados concretos en seguridad ciudadana podrán revertir la narrativa de una institución en crisis profunda.