Motos eléctricas piden prórroga para cumplir nuevas regulaciones del MTC

La Asociación de Motos Eléctricas del Perú (AMEP) presentó una solicitud formal ante las autoridades competentes para ampliar los plazos de cumplimiento de las nuevas regulaciones establecidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La organización argumenta que el sector requiere más tiempo para implementar los cambios normativos que afectarán a bicimotos, motocicletas eléctricas livianas y otros vehículos de similares características.

Las nuevas exigencias del MTC buscan regular y estandarizar los requisitos técnicos, de seguridad y operacionales para los vehículos eléctricos que circulan en el país. Estas normas representan un paso importante hacia la modernización del transporte urbano y la reducción de emisiones contaminantes. Sin embargo, tanto fabricantes como importadores han expresado preocupación sobre la viabilidad de cumplir con todos los requisitos en el tiempo establecido.

Los desafíos de la adaptación tecnológica

Según la AMEP, los principales obstáculos para cumplir en los plazos actuales incluyen la necesidad de realizar inversiones significativas en infraestructura, laboratorios de prueba, y certificaciones técnicas que deben ser realizadas por entes especializados. La asociación ha planteado la posibilidad de implementar un régimen transitorio que permita a los usuarios y empresas del sector ajustarse gradualmente a las nuevas normativas sin afectar el crecimiento de la industria.

El sector de motos eléctricas ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años, especialmente impulsado por el interés en soluciones de transporte más sostenibles en zonas urbanas. Esta expansión ha posicionado a Perú como un mercado relevante para esta tecnología en América Latina, lo que hace más crítico encontrar un equilibrio entre regulación y desarrollo industrial.

Las autoridades del MTC aún no se han pronunciado oficialmente sobre la solicitud de la AMEP. Mientras tanto, la industria continúa presionando por una solución que garantice el cumplimiento normativo sin comprometer la viabilidad comercial de las empresas involucradas. Este tema seguirá siendo una prioridad en la agenda de política de transportes del país durante los próximos meses.